Una investigación de Forbes Ukraine reveló que la organización no gubernamental «Non-Stop Ukraine», dirigida por el exfiscal de Járkiv Kyrylo Yakovets, habría creado un amplio sistema de ataques informativos y legales, así como de extorsión a empresarios ucranianos. Según Forbes, el coste de una campaña por encargo ascendía a 10.000 dólares al mes, mientras que, para poner fin a los ataques, los pseudoactivistas exigían a sus víctimas decenas de miles de dólares. Actualmente, Kyrylo Yakovets podría estar ocultándose de la justicia ucraniana en Benidorm, según informan medios de comunicación ucranianos.

Solo durante los primeros siete meses de 2026, la organización de Kyrylo Yakovets figuró como denunciante en casi 1.100 resoluciones judiciales relacionadas con aproximadamente 800 casos contra 340 empresas. Entre sus objetivos se encuentran algunas de las mayores compañías ucranianas: Naftogaz, Metinvest, MHP, OKKO, Dragon Capital y fabricantes de drones. En total, desde principios de año, las fuerzas del orden ucranianas han recibido más de 3.500 denuncias y solicitudes de la organización.

El esquema aprovecha una particularidad del procedimiento penal ucraniano. Si la policía o la Fiscalía no registra una denuncia sobre un presunto delito, la organización de Yakovets recurre ante los tribunales contra esa inacción. Un juez puede obligar a las fuerzas del orden a abrir una investigación, pero esto no significa que el delito se haya cometido realmente ni que la empresa acusada sea culpable. Sin embargo, la mera existencia de una resolución judicial se convierte en un pretexto para lanzar ataques informativos, que la organización de Yakovets difunde activamente en las redes sociales, creando la impresión de que existe un procedimiento penal oficial contra la empresa.

En aproximadamente una cuarta parte de los casos, los tribunales ordenaron a las fuerzas del orden registrar las denuncias. Sin embargo, ocho empresarios y altos directivos entrevistados por Forbes aseguran que, después de ello, las investigaciones no avanzaron. Yakovets tampoco informó al medio de cuántas denuncias presentadas por su organización terminaron en una imputación formal o en una sentencia judicial.

10.000 dólares por un ataque y una «cuota mensual» a cambio de silencio

El fundador del fabricante de drones Vyriy Industries, Oleksii Babenko, declaró a Forbes que una campaña por encargo contra una empresa puede costar alrededor de 10.000 dólares al mes. Otro alto directivo afirmó que un intermediario, que supuestamente representaba a «Non-Stop Ukraine», ofreció poner fin a las publicaciones a cambio de varias decenas de miles de dólares. Posteriormente, se proponía a las empresas pagar una «cuota mensual» menor a cambio de mantener el silencio en adelante.

Forbes no pudo confirmar documentalmente estos pagos ni la relación del intermediario con la organización. Ninguno de los empresarios entrevistados recibió directamente de representantes de la ONG una exigencia de pago. «Non-Stop Ukraine» niega las acusaciones de extorsión y sostiene que su actividad está destinada a combatir la corrupción.

Al mismo tiempo, COFCO, SkyUp y «Ukrainian Energy Machines» ya han ganado procesos judiciales contra la organización. Los tribunales declararon falsa la información difundida por esta y ordenaron su rectificación. Representantes del sector empresarial también denunciaron problemas con bancos, socios extranjeros y donantes, así como dificultades para participar en licitaciones tras este tipo de ataques.

Por qué esta historia afecta a España

Según Forbes, que cita una resolución judicial, Yakovets se encuentra en España. La organización ucraniana de veteranos «Perdonad que sigamos vivos» afirma que abandonó Ucrania el 26 de diciembre de 2023 junto con su padre, que tiene una discapacidad. Su padre regresó a Ucrania al día siguiente, mientras que Yakovets permaneció en el extranjero.

Según la organización, el exfiscal reside en Benidorm. Estas afirmaciones han sido recogidas por medios de comunicación ucranianos(https://focus.ua/uk/ukraine/651936-harkivskiy-aktivist-kirilo-yakovec-vijihav-do-ispaniji-veteranska-organizaciya), aunque no existe confirmación independiente de su dirección exacta.

Tres días antes de la salida de Yakovets del país, el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió una investigación contra él por presunta evasión de la movilización. En 2025, medios ucranianos informaron de que las fuerzas del orden estaban preparando una solicitud para extraditar a Yakovets desde España. No existe confirmación oficial de que dicha solicitud haya sido remitida a las autoridades españolas. Sin embargo, el conjunto de estas circunstancias permite plantear la posibilidad de que Yakovets esté ocultándose en España para eludir a la justicia ucraniana.

Clientes y socios con antecedentes criminales

Yakovets ha reconocido públicamente haber prestado asistencia jurídica al presunto jefe criminal Volodymyr Manukyan, apodado «Mantus». Medios de comunicación ucranianos, citando fuentes policiales, han descrito a Manukyan como la «mano derecha» de Armen Sarkisyan, conocido como «Armen de Horlivka».

La inteligencia militar ucraniana describió a Sarkisyan como una figura del crimen organizado cercana al entorno del expresidente prorruso Viktor Yanukóvich. Según la inteligencia ucraniana, se le encomendó reclutar a presos rusos y crear con ellos una nueva formación armada siguiendo el modelo del Grupo Wagner.

Andrii Hahun, socio de Yakovets en un bufete de abogados, también defendió a personas investigadas en el caso del grupo criminal de Járkiv conocido como «Zaliutinski», relacionado con una presunta extorsión de 700.000 dólares. Leonid Mitrov, a quien medios ucranianos identifican como líder del grupo, fue detenido en Francia en 2024 durante una operación conjunta de la Gendarmería francesa, la policía ucraniana y Europol. En 2026 fue puesto en libertad bajo control judicial.

Por tanto, la posible presencia del exfiscal en la Costa Blanca no es una cuestión que afecte únicamente a Ucrania, sino también a España. Este tipo de «activismo» se ha convertido en Ucrania en una modalidad extendida de estafa y chantaje. Los pseudoactivistas presentan de forma masiva denuncias sin verificar, crean la apariencia de una investigación penal contra una empresa, dañan su reputación y después ofrecen poner fin al ataque a cambio de dinero. Otra modalidad consiste en recibir dinero de un competidor para iniciar la campaña.

El caso de Yakovets deja una pregunta incómoda para las autoridades españolas: ¿se ha convertido Benidorm simplemente en su lugar de residencia o en una retaguardia segura para un sistema que continúa atacando y chantajeando a empresas ucranianas?